Caso Acapulco, la tercera opción
Miguel Ángel Arrieta
Lo que erráticamente ha sido interpretado como un mensaje de la delincuencia organizada a la alcaldes Adela Román, para que suelte el control de las corporaciones municipales a los carteles que operan en Acapulco, en realidad guarda un significado de fondo dirigido a la sociedad acapulqueña: aquí mandamos nosotros y no nos vamos a ir.
De hecho, antes del asesinato del empresario filántropo César Zambrano Pérez, la teoría de que Adela Román Ocampo permanecía acechada por delincuentes para cometer un atentado en su contra, navegaba en un espacio de especulaciones entre las que predominaban indicios de incapacidad para asumir con entereza la responsabilidad de la seguridad pública, pero las circunstancias en las que fue ejecutado Zambrano despejaron dudas sobre la intención de los mensajes.
El crimen del apreciado empresario es sinónimo del endurecimiento de los carteles ante la negativa de la presidente municipal para facilitarles el manejo de la plaza: logísticamente la delincuencia pierde un cuarenta por ciento de su capacidad operativa con la suspensión de agentes policiales municipales como aliados.
Sin tareas de halconeo e información sobre estrategias y objetivos perseguidos por el Grupo de Coordinación Guerrero, la delincuencia registra un sensible debilitamiento en sus líneas defensivas ante operativos sorpresa de la fuerza conjunta estado-Marina-Ejército, por lo que finalmente trasladan la pelea por la plaza a niveles superiores, como ha ocurrido las últimas semanas en Acapulco
Cuando el doctor Jorge Carpizo se desempeñaba como Procurador General de la República, preguntó al periodista Jesús Blancornelas en uno de tantos encuentros personales que sostuvieron, sobre la posibilidad de ser objeto de un atentado ante la cruzada emprendida por él contra el narcotráfico en Tijuana, Guadalajara y Ciudad Juárez.
El fallecido periodista reconocido por la lucha abierta que mantuvo contra los hermanos Arellano Félix desde las páginas del semanario Z, le dijo apaciblemente que mientras no estableciera negociaciones con los criminales o recibiera prebendas de ellos, no se preocupara. –El problema para los políticos ocurre cuando aceptan ofrecimientos del narco, le explicó el mítico editor.
Si esa tendencia estuviera vigente, Adela Román no tendría razón alguna para ser resguardada por fuerzas especiales de la Marina, el problema es que desde hace aproximadamente una década los criminales no se limitan al papel de negociadores con las autoridades locales en turno, ahora intervienen en los procesos electorales para imponer candidatos e impulsarlos a convertirse en gobernantes constitucionales y disponer así del manejo de las instituciones responsables de la seguridad pública.
Durante la pasada campaña electoral, medios de comunicación tomaron nota de asesinatos de candidatos que se negaron a abandonar sus acciones de proselitismo y otros que prefirieron bajarse de la contienda antes de ser ejecutados luego de recibir amenazas directas de los jefes de plaza.
En este contexto, el hecho de que la presidente municipal permaneciera en calidad de refugiada por unas horas en las instalaciones de la Zona Naval, establece entonces evidencias de que actualmente el elevado riesgo de la clase política gobernante no solo estaría enfocado hacia quienes pactan con la delincuencia, sino también contra quienes se resisten a establecer acuerdos con los criminales.
Lo grave es que de no obtener resultados a su favor a través de ambas posibilidades, el crimen organizado acuda a la tercera opción de no buscar pacto con los gobernantes, y lancen nuevos mensajes de que vienen con toda su fuerza para controlar la plaza, como denominan ellos a los territorios en disputa. El caso Colombia señala esta tercera opción como real y sangrienta.
Después del asesinato de César Zambrano a escasos 25 metros del domicilio de la alcaldesa, la propia Adela Román envió un informe al próximo secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Alfonso Durazo, en el que explicaba la urgencia de agilizar el apoyo del equipo del presidente electo hacia Acapulco.
El mensaje de la alcaldesa sugiere una propuesta inmediata de acciones contra los delincuentes a partir del 1 de diciembre, coordinada por el nuevo gobierno federal.
Sin embargo, la realidad indica que el lopezobradorismo tiene otra visión pues se vio obligado a suspender los denominados Foros sobre seguridad ante la amenaza del crimen en el sentido de que realizaría un atentado masivo en esos foros de continuar escenificándose.
Al final de cuentas, tanto el crimen organizado como la alcaldesa y el gobierno federal envían diferentes mensajes a través de diferentes hechos, pero el único destinatario es la sociedad acapulqueña.
Miguel Ángel Arrieta
Lo que erráticamente ha sido interpretado como un mensaje de la delincuencia organizada a la alcaldes Adela Román, para que suelte el control de las corporaciones municipales a los carteles que operan en Acapulco, en realidad guarda un significado de fondo dirigido a la sociedad acapulqueña: aquí mandamos nosotros y no nos vamos a ir.
De hecho, antes del asesinato del empresario filántropo César Zambrano Pérez, la teoría de que Adela Román Ocampo permanecía acechada por delincuentes para cometer un atentado en su contra, navegaba en un espacio de especulaciones entre las que predominaban indicios de incapacidad para asumir con entereza la responsabilidad de la seguridad pública, pero las circunstancias en las que fue ejecutado Zambrano despejaron dudas sobre la intención de los mensajes.
El crimen del apreciado empresario es sinónimo del endurecimiento de los carteles ante la negativa de la presidente municipal para facilitarles el manejo de la plaza: logísticamente la delincuencia pierde un cuarenta por ciento de su capacidad operativa con la suspensión de agentes policiales municipales como aliados.
Sin tareas de halconeo e información sobre estrategias y objetivos perseguidos por el Grupo de Coordinación Guerrero, la delincuencia registra un sensible debilitamiento en sus líneas defensivas ante operativos sorpresa de la fuerza conjunta estado-Marina-Ejército, por lo que finalmente trasladan la pelea por la plaza a niveles superiores, como ha ocurrido las últimas semanas en Acapulco
Cuando el doctor Jorge Carpizo se desempeñaba como Procurador General de la República, preguntó al periodista Jesús Blancornelas en uno de tantos encuentros personales que sostuvieron, sobre la posibilidad de ser objeto de un atentado ante la cruzada emprendida por él contra el narcotráfico en Tijuana, Guadalajara y Ciudad Juárez.
El fallecido periodista reconocido por la lucha abierta que mantuvo contra los hermanos Arellano Félix desde las páginas del semanario Z, le dijo apaciblemente que mientras no estableciera negociaciones con los criminales o recibiera prebendas de ellos, no se preocupara. –El problema para los políticos ocurre cuando aceptan ofrecimientos del narco, le explicó el mítico editor.
Si esa tendencia estuviera vigente, Adela Román no tendría razón alguna para ser resguardada por fuerzas especiales de la Marina, el problema es que desde hace aproximadamente una década los criminales no se limitan al papel de negociadores con las autoridades locales en turno, ahora intervienen en los procesos electorales para imponer candidatos e impulsarlos a convertirse en gobernantes constitucionales y disponer así del manejo de las instituciones responsables de la seguridad pública.
Durante la pasada campaña electoral, medios de comunicación tomaron nota de asesinatos de candidatos que se negaron a abandonar sus acciones de proselitismo y otros que prefirieron bajarse de la contienda antes de ser ejecutados luego de recibir amenazas directas de los jefes de plaza.
En este contexto, el hecho de que la presidente municipal permaneciera en calidad de refugiada por unas horas en las instalaciones de la Zona Naval, establece entonces evidencias de que actualmente el elevado riesgo de la clase política gobernante no solo estaría enfocado hacia quienes pactan con la delincuencia, sino también contra quienes se resisten a establecer acuerdos con los criminales.
Lo grave es que de no obtener resultados a su favor a través de ambas posibilidades, el crimen organizado acuda a la tercera opción de no buscar pacto con los gobernantes, y lancen nuevos mensajes de que vienen con toda su fuerza para controlar la plaza, como denominan ellos a los territorios en disputa. El caso Colombia señala esta tercera opción como real y sangrienta.
Después del asesinato de César Zambrano a escasos 25 metros del domicilio de la alcaldesa, la propia Adela Román envió un informe al próximo secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Alfonso Durazo, en el que explicaba la urgencia de agilizar el apoyo del equipo del presidente electo hacia Acapulco.
El mensaje de la alcaldesa sugiere una propuesta inmediata de acciones contra los delincuentes a partir del 1 de diciembre, coordinada por el nuevo gobierno federal.
Sin embargo, la realidad indica que el lopezobradorismo tiene otra visión pues se vio obligado a suspender los denominados Foros sobre seguridad ante la amenaza del crimen en el sentido de que realizaría un atentado masivo en esos foros de continuar escenificándose.
Al final de cuentas, tanto el crimen organizado como la alcaldesa y el gobierno federal envían diferentes mensajes a través de diferentes hechos, pero el único destinatario es la sociedad acapulqueña.
