Textos y claves…
Crisis en Capama tiene nombres y apellidos
Miguel Ángel Arrieta
Lo único que queda claro en el desastre administrativo que la alcaldesa Adela Román encontró en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, es que la crisis económica en la paramunicipal derivó de una red de corrupción, saqueo y complicidades que abarcan a toda la estructura directiva-burocrática-sindical del organismo, durante un periodo en el que prevaleció un elevado grado de alevosía en beneficio del ex presidente Evodio Velázquez, familiares del mismo y su círculo de compadres.
Por lo pronto, ningún funcionario del anterior gobierno municipal ha salido a argumentar explicaciones que justifiquen porqué la Capama mantiene un adeudo de poco más de 530 millones de pesos con la CFE, cuando la propia Dirección Jurídica de Evodio Velázquez le subrayó al entonces alcalde que ningún procedimiento legal o político evitaría que tarde o temprano la administradora de electricidad nacional se cobraría el consumo acumulado de energía utilizada por la paramunicipal.
Hasta ahora, el antecedente inmediato indica que la deuda de Capama con CFE se generó a raíz de que la administración de Evodio interpuso una solicitud de amparo para presionar al organismo federal a negociar las elevadas tarifas aplicadas por cobro de energía eléctrica, lo que legalmente frenó temporalmente a la CFE en sus intenciones de cortar el suministro, pero no canceló ni por asomo la viabilidad de ejercer una facturación acumulada mientras se ventilaba el proceso legal.
De ahí que no se entienda porqué la Capama en tiempos de Velázquez Aguirre, no previó ahorrar el presupuesto para cubrir el pago cuando la justicia federal determinara la procedencia o negativa del amparo.
Después de todo, los pagos de Capama a la CFE se cubran o no en determinado tiempo, son parte del presupuesto de egresos de la paramunicipal, por lo tanto aunque no se hayan ejercido en su momento deben estar depositados en alguna cuenta bancaria o mecanismo de control de ingresos del organismo operador de agua potable.
El problema es que el registro de esos recursos financieros es inexistente: Mario Pintos Soberanis no encontró un solo rastro del dinero programado para pagos a la CFE.
Nada tiene que ver el asunto con un litigio correcto o un procedimiento legal descuidado para obtener el amparo de la justicia federal; aquí queda claro que fuera poco o mucho en cualquier momento la CFE terminaría cobrando el adeudo por el consumo de electricidad que requieren los equipos de bombeo que hacen llegar el agua potable a la ciudad, y el dinero para pagar ese concepto simplemente desapareció.
El caso de la crisis económica en Capama no es circunstancial, en realidad tiene que ver con indicios del estilo opaco de gobernar de Evodio Velázquez, quien en la práctica entregó el control político y financiero de la paramunicipal a su hermano Iván Velázquez y a su contador particular Guillermo Galeana Salas.
Las decisiones sobre el manejo de recursos financieros de Capama en el trienio 2015-2018, las tomaba Iván Velázquez y la operación recaudatoria, de egresos y crediticia quedó bajo la responsabilidad de Guillermo Galeana, quienes bajo una especie de sociedad disponían sin controles administrativos de por medio, de los recursos del organismo.
De ahí que si se pretende iniciar investigaciones para aclarar el destino de los más de 500 millones de pesos adeudados a CFE, las primeras líneas de investigación tienen nombre y apellido de quienes pueden aportar información fundamental.
Por lo menos, la Auditoría General del Estado dispone de un punto concreto: cuando entró en funciones el actual gobierno municipal, los nuevos funcionarios de Capama descubrieron que el organigrama del organismo carece de un área de licitaciones, por lo que en la pasada administración Guillermo Galeana decidió contratar una oficina outsourcing que se responsabilizara de llevar las relaciones con proveedores y contratistas.
Tal determinación se justificó argumentando que se trataba de modernizar la administración de Capama, y el objetivo era no engrosar el aparato burocrático de la paramunicipal, por lo que se aceptó el procedimiento.
La clave es que el propietario de la empresa outsourcing contratada era Iván Velázquez Aguirre, el hermano incómodo de Evodio.
En este contexto, el análisis apunta a la conclusión de que la crisis económica en Capama todavía no toca fondo y lo único que se ha logrado para atenuar el conflicto es una negociación entre la alcaldesa Adela Román y el director de la CFE, Manuel Barttlet Díaz, avalada por el Gobernador Héctor Astudillo, en la que se aceptó que la deuda se cobre en plazos pero al final de cuentas se pague tal cual.
Y todo parece indicar que la lista de corresponsables de este desastre es larga. Ninguno de los funcionarios de Capama en el gobierno de Evodio Velázquez puede decir que no sabía lo que ocurría en el organismo.
Crisis en Capama tiene nombres y apellidos
Miguel Ángel Arrieta
Lo único que queda claro en el desastre administrativo que la alcaldesa Adela Román encontró en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, es que la crisis económica en la paramunicipal derivó de una red de corrupción, saqueo y complicidades que abarcan a toda la estructura directiva-burocrática-sindical del organismo, durante un periodo en el que prevaleció un elevado grado de alevosía en beneficio del ex presidente Evodio Velázquez, familiares del mismo y su círculo de compadres.
Por lo pronto, ningún funcionario del anterior gobierno municipal ha salido a argumentar explicaciones que justifiquen porqué la Capama mantiene un adeudo de poco más de 530 millones de pesos con la CFE, cuando la propia Dirección Jurídica de Evodio Velázquez le subrayó al entonces alcalde que ningún procedimiento legal o político evitaría que tarde o temprano la administradora de electricidad nacional se cobraría el consumo acumulado de energía utilizada por la paramunicipal.
Hasta ahora, el antecedente inmediato indica que la deuda de Capama con CFE se generó a raíz de que la administración de Evodio interpuso una solicitud de amparo para presionar al organismo federal a negociar las elevadas tarifas aplicadas por cobro de energía eléctrica, lo que legalmente frenó temporalmente a la CFE en sus intenciones de cortar el suministro, pero no canceló ni por asomo la viabilidad de ejercer una facturación acumulada mientras se ventilaba el proceso legal.
De ahí que no se entienda porqué la Capama en tiempos de Velázquez Aguirre, no previó ahorrar el presupuesto para cubrir el pago cuando la justicia federal determinara la procedencia o negativa del amparo.
Después de todo, los pagos de Capama a la CFE se cubran o no en determinado tiempo, son parte del presupuesto de egresos de la paramunicipal, por lo tanto aunque no se hayan ejercido en su momento deben estar depositados en alguna cuenta bancaria o mecanismo de control de ingresos del organismo operador de agua potable.
El problema es que el registro de esos recursos financieros es inexistente: Mario Pintos Soberanis no encontró un solo rastro del dinero programado para pagos a la CFE.
Nada tiene que ver el asunto con un litigio correcto o un procedimiento legal descuidado para obtener el amparo de la justicia federal; aquí queda claro que fuera poco o mucho en cualquier momento la CFE terminaría cobrando el adeudo por el consumo de electricidad que requieren los equipos de bombeo que hacen llegar el agua potable a la ciudad, y el dinero para pagar ese concepto simplemente desapareció.
El caso de la crisis económica en Capama no es circunstancial, en realidad tiene que ver con indicios del estilo opaco de gobernar de Evodio Velázquez, quien en la práctica entregó el control político y financiero de la paramunicipal a su hermano Iván Velázquez y a su contador particular Guillermo Galeana Salas.
Las decisiones sobre el manejo de recursos financieros de Capama en el trienio 2015-2018, las tomaba Iván Velázquez y la operación recaudatoria, de egresos y crediticia quedó bajo la responsabilidad de Guillermo Galeana, quienes bajo una especie de sociedad disponían sin controles administrativos de por medio, de los recursos del organismo.
De ahí que si se pretende iniciar investigaciones para aclarar el destino de los más de 500 millones de pesos adeudados a CFE, las primeras líneas de investigación tienen nombre y apellido de quienes pueden aportar información fundamental.
Por lo menos, la Auditoría General del Estado dispone de un punto concreto: cuando entró en funciones el actual gobierno municipal, los nuevos funcionarios de Capama descubrieron que el organigrama del organismo carece de un área de licitaciones, por lo que en la pasada administración Guillermo Galeana decidió contratar una oficina outsourcing que se responsabilizara de llevar las relaciones con proveedores y contratistas.
Tal determinación se justificó argumentando que se trataba de modernizar la administración de Capama, y el objetivo era no engrosar el aparato burocrático de la paramunicipal, por lo que se aceptó el procedimiento.
La clave es que el propietario de la empresa outsourcing contratada era Iván Velázquez Aguirre, el hermano incómodo de Evodio.
En este contexto, el análisis apunta a la conclusión de que la crisis económica en Capama todavía no toca fondo y lo único que se ha logrado para atenuar el conflicto es una negociación entre la alcaldesa Adela Román y el director de la CFE, Manuel Barttlet Díaz, avalada por el Gobernador Héctor Astudillo, en la que se aceptó que la deuda se cobre en plazos pero al final de cuentas se pague tal cual.
Y todo parece indicar que la lista de corresponsables de este desastre es larga. Ninguno de los funcionarios de Capama en el gobierno de Evodio Velázquez puede decir que no sabía lo que ocurría en el organismo.
